Desde la sedentarización del hombre la tierra y el agua han sido los principales motores de conflicto.
Las guerras más sangrientas han sido disputadas -y siguen siéndolo- por un pedazo de suelo más o menos extenso. La vida y el agua parecen ser sinónimos a lo largo de la historia. Desde aquel primer charco de origen hasta las primeras civilizaciones no nómades que se asentaron en zonas cercanas a los cursos de agua. El agua con las redes de distribución modernas parecía haber relegado su lugar, pero las profecías ambientalistas la volvieron a ubicar en un lugar primordial debido a su posible escasez futura.
De allí se desprenden las numerosas legislaciones en torno a su uso y propiedad. En Argentina el Código Civil– que versa sobre las relaciones entre personas, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos- encierra en su artículo 2.340 a los ríos y lagos navegables dentro del concepto de bienes públicos. Esto significa que pueden ser utilizados por todos los habitantes en general y que su finalidad misma es servir al acceso, uso y goce por parte de los mismos. Además, los bienes públicos no pueden ser comprados, ni vendidos, ni transferidos.
El fenómeno de los grandes latifundios parece no haberse quedado en la edad media. Anacrónica y sin pudor alguno, la realidad en la Argentina muestra que las tierras se concentran cada vez en menor cantidad de manos: el 1,3 % de los propietarios posee el 43% de la superficie, según datos del Censo Nacional Agropecuario del 2002.
Y el problema que esto suscita, más allá de las discusiones ideológicas, es que en esas monumentales propiedades quedan envueltos ríos y lagos. Se supone que esto debería solucionarse simplemente según el artículo 2639 del ya citado código que dispone que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización”.
Sin embargo, como suele pasar demasiado a menudo dentro de estas fronteras, lo teórico dista bastante de lo fáctico y son numerosas las denuncias sobre el incumplimiento del libre acceso a estos lagos y ríos. Vecinos y organizaciones sociales diversas realizan campañas, denuncias, marchas y escraches; y el ciberespacio está lleno de notas y textos que ilustran en palabras estas denuncias.
Douglas Tompkins, dueño de numerosas hectáreas en la Patagonia y en los Esteros del Iberá -provincia de Corrientes-, es uno de los acusados.
El escándalo sobrevuela también en torno a dos propiedades de Ted Turner – el fundador de la cadena CNN y ex vicepresidente de la empresa AOL Time Warner-: la estancia La primavera, ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y la estancia Collón Cura.
En el caso de la estancia La primavera, de unas 5.000 hectáreas, los vecinos y pescadores de la zona denunciaron en numerosas oportunidades haber sido maltratados por el personal de la estancia en su intento de ingresar al Río Minero, al Río Traful o el lago homónimo, y la imposibilidad de ingresar.
La estancia Collón Cura no se queda atrás. Las quejas son las mismas: maltrato, restricción del acceso al río y sus costas, guardias armados…
Las denuncias también se acumulan alrededor de las propiedad de 14.000 hectáreas de Joseph Lewis. El principal problema es que numerosos vecinos denuncian una supuesta restricción del ingreso al Lago Escondido por la propiedad.
Otro punto neurálgico de disputas es la zona del lago Lolog donde algunos propietarios construyeron paredones y muelles privados. En esta zona la tierra aún tiene un tinte carmín. Es que allí, hace unos años, un grupo de tres amigos decidieron acampar y pescar. Se asentaron en la costa del lago, cerca de las nacientes del río Quilquihue. Pero en medio de un episodio -para algunos confuso y según otros demasiado claro- uno de ellos, Cristian González, fue asesinado por un guardaparque.
Hoy, la Asociación por el libre acceso a las costas de ríos y lagos Cristian González realiza actividades de difusión, organiza protestas y reparte material informativo sobre las leyes y los derechos relacionados con la causa que los mueve.